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Guillermo Lasso objeta parcialmente 53 artículos de la Ley de Economía Circular Inclusiva | Política | Noticias

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Se plantea que la ciudadanía y personas naturales, conjuntos habitacionales cuenten con dispositivos para separar y almacenar los residuos sólidos.

11 de junio, 2021 – 17h47

El presidente Guillermo Lasso objetó parcialmente el proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, que fue aprobada por el anterior periodo de la Asamblea Nacional.

El mandatario objetó al menos 53 artículos, que incluyen las disposiciones generales y transitorias.

El texto enviado por Lasso a la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, el 10 de junio último, argumenta que la ley como está planteada solo está enfocada exclusivamente a la gestión de los residuos o reciclaje inclusivo y en los recicladores de base y al tipo de recolección que realizan.

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Sin embargo, considera que se deben implementar mecanismos de producción y consumo sostenible, políticas y financiamiento de iniciativas de economía circular como el ecodiseño, producción limpia, ecoeficiencia, logística inversa, remanufactura, entre otros.

Entre las objeciones propone, por ejemplo, que el que “contamina paga”, para que el que promueva una actividad que contamine incorpore a sus costos de producción todas las medidas necesarias para prevenir, reducir o evitar la contaminación.

Expone que no es necesario constituir un Comité Nacional de Economía Circular, pues la creación de nuevas entidades burocráticas “entorpece la actividad privada y la propia consecución de la ley”.

Y en ese caso, propone que el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva englobe a los ministerios rectores de la política industrial y ambiental.

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La objeción propone incluso la obligación de la ciudadanía, personas naturales y jurídicas, privadas y públicas la “separación en origen de los residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos en circunscripciones donde se hayan implementado sistemas de recolección diferenciada”.

Para los edificios, conjuntos habitacionales, deben contar con dispositivos para separar y almacenar de manera adecuada y diferenciada los residuos. Y entre otros, plantea obligaciones para los consumidores industriales y derechos de los consumidores.

El pleno de la Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse sobre el veto parcial presidencial a la normativa. (I)

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