martes, junio 28, 2022

Ecuador busca plan de pagos con Perenco, tras fallo que le ordena cancelar $ 374 millones, dice procurador | Economía | Noticias

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El procurador Íñigo Salvador informó que buscará aplicar el derecho de repetición en contra de funcionarios públicos que provocaron el problema judicial

El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, han tomado los primeros contactos con los abogados de la empresa francesa Perenco para buscar un plan de pagos sobre el millonario monto que le debe entregar el Estado, tras un fallo definitivo del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) emitido el 28 de mayo pasado, en contra del Ecuador.

De acuerdo con el fallo de un Comité ad hoc del Ciadi (que negó el pedido de anulación del laudo arbitral), Ecuador deberá pagar en máximo 60 días a Perenco $ 374,37 millones. Esta suma, sin embargo, deberá ser ajustada en razón de los intereses que hasta el momento del pago generen los diversos rubros que la componen, calculados a partir de diciembre del 2019.

De acuerdo con Salvador, al momento los funcionarios de Gobierno están a la espera de una respuesta de Perenco, en el sentido de si, tomando en cuenta la difícil situación del país, agravada por la pandemia, podrían buscarse formas de pago más flexibles. Salvador recordó que si bien los problemas con Perenco fueron generados en los años 2006, 2007 y 2008, es decir durante los gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa, es a esta administración a la que le va a tocar realizar el pago. Sin embargo, dijo que el Gobierno actual está buscando la reactivación económica a través de la vacunación. Lo que se busca es apelar a la sensibilidad de la empresa.

Explicó que en el 2006 la Asamblea aprobó la Ley 2006-42, que reformaba la Ley de Hidrocarburos e incrementaba el porcentaje al que tenía derecho el Estado sobre los ingresos petroleros extraordinarios generados por las privadas. Antes de esta Ley era hasta el 12,85%, con la Ley cambió al 50%. Sin embargo, en el 2008 el expresidente Rafael Correa a través del Decreto Ejecutivo 662 decidió que el porcentaje al que tenía derecho el Estado era del 99%. Estas condiciones causaron malestar a las privadas a quienes Correa les dijo que si no estaban de acuerdo con dichas condiciones “que les vaya bonito”. En ese momento se buscó un acuerdo, pero en abril del 2008 no se lo logró y vino la demanda de la empresa francesa, que en primera instancia fue por $ 1.432 millones.

En este sentido el procurador Salvador dijo que no descansará hasta lograr que se aplique el derecho de repetición en contra de los funcionarios que con sus actos propiciaron el problema al país y que estuvieron en las administraciones 2006, 2007 y 2008. El proceso determinará a los responsables. De todas maneras dijo que el tema de la repetición es un trámite complejo. Por ello anunció que en quince días se presentará un proyecto de Ley de Repetición que recoja en un solo cuerpo legal toda la normativa difusa y lo haga más eficiente. En todo caso dijo que la principal lección que este caso nos deja es que “no es buen negocio incumplir los contratos con inversionistas”. Indicó que lo que en un momento hubiese parecido buena idea “termina pasando factura a largo plazo y hoy es una factura de $ 400 millones más o menos”, incluyendo intereses. Estamos pagando las consecuencias de no cumplir con nuestras obligaciones.

Para Miguel Robalino, analista petrolero, es importante recordar cómo empieza el problema en el 2006 con la expedición de la Ley 2006-42, que ya constituyó una violación a los contratos, pero que se vio agravada por el Decreto 662 de Correa. Otro tema que se debe tomar en cuenta, es que existen una serie de otras demandas de este mismo tipo que están en fila y que a futuro seguirán afectando al país. Opina que lo sucedido demuestra que no se puede violentar los contratos por una mera inspiración del momento. Consideró que al país no le queda otra salida que negociar ya que este tipo de laudos siempre imponen plazos inmediatos de pago, pero al momento el país tiene pocos recursos. Ecuador podría conseguir unos dos años de plazo, dijo. Para Robalino, los funcionarios que estarían bajo la posible sanción de la repetición serían los ministros del ramo, presidentes y asambleístas.

El monto otorgado por el laudo dictado el 27 de septiembre de 2019 había sido de $ 471,82 millones. Sin embargo, el Comité ad hoc acoge algunas de las causales de anulación alegadas por el Ecuador y reduce a $ 435,18 millones el monto de la indemnización del Estado a Perenco por incumplimientos de las obligaciones emanadas de los Contratos de Participación y del Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Francia. A los $ 435,18 millones se debe restar los valores que Perenco debe pagar a Ecuador: $ 54,43 millones, como indemnización de los daños ambientales causados en las áreas donde operaban en los bloques 7 y 21; y $ 6,36 millones correspondientes a costos y gastos arbitrales. Así, la cifra total que Ecuador deberá pagar a Perenco es de $ 374,37 millones. Esta suma, sin embargo, deberá ser ajustada en razón de los intereses que hasta el momento del pago generen los diversos rubros que la componen, calculados a partir de diciembre del 2019.

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